ALTAMIRA, LA DANZA DE LOS MIL NOMBRES

CUADRANTE POLÍTICO

POR  FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

ALTAMIRA, LA DANZA DE LOS MIL NOMBRES

A  los pies del Golfo, no podía ser en otra parte:

La profunda garganta del Atlántico,  parece devorar  el descomunal vuelo de los pelícanos. El mar tamaulipeco va y viene en oleajes eternos, que parecen  responder  al  ritmo  de los sexenios,  a las decisiones  del poder, y  a su compleja  urdimbre  de  intereses, como la réplica  de un océano de  pasiones  y  de  ambiciones  en tierra firme.

Junto a las comisuras  de esta  franja  de mar, a mediados del siglo XVIII  se creó  este pueblo fundacional  del sur tamaulipeco:   Altamira bautizada  como  la cordillera española  de este mismo nombre, en la región  cantábrica, donde se encuentran  las famosas cuevas  de la prehistoria y sus pinturas rupestres.

En los inicios  de  los ochentas,  a finales del sexenio  de  José  López  Portillo, se creó el decreto, mediante el cual,  se  creaba  el puerto industrial, donde ahora se asientan, importantes  capitales  alemanes  y asiáticos. El área del puerto  es  de  tres mil 75 hectáreas, mientras que la superficie  de desarrollo industrial que lo rodea  es cinco mil  98 hectáreas, con  una  reserva de amortiguamiento ecológico de mil 422 hectáreas.

Pero dejemos los cansados números,  vayamos  a  la historia que nos ocupa: los terrenos cedidos por  el México  rural  al boom industrial, se  obtuvieron,  a costa  de  despojar  a  las familias campesinas que ahí se asentaban. Varios ejidos  de este municipio  fueron desmantelados, para  asentar, las bases  de lo que sería el nuevo enclave de la economía global.

La crisis  económica  de los ochenta, dejó parte de  las tierras expropiadas, como las novias de rancho, vestidas  y alborotadas. En 1994, el gobierno  de Manuel  Cavazos Lerma, (1993-1999), las solicita  al gobierno federal, para  edificar  lo que después  se recordaría, como  el gran sueño fallido  de su sexenio:  el célebre  canal intracostero, que  apareció en  su campaña y   en su oratoria  metafórica,  como algo parecido a la piedra filosofal  del gran despegue económico  en Tamaulipas. Eran terrenos aledaños a la costa, que abarcaban, desde Matamoros, hasta ciudad Madero.

En el 2001, el sexenio  yarringtonista  crea  el Fideicomiso  Nuevo Santander, destinado  a fortalecer  la pequeña y mediana industria, cuyo patrimonio engloba  las  mil 600 hectáreas  de  Altamira. Y poco después, estas  son vendidas  a un particular  de  la  Constructora  Villa de  Aguayo, SA  de CV.

Es en estas fechas, donde aparece  la famosa sesión  de  la  LVII  legislatura, en la cual, tanto priistas, como panistas, avalan esta operación, legalizada  por el Congreso.

En el 2004, la panista  Margarita  Zavala sube  a la tribuna del senado  de la república, y  demanda que se investigue  el tema  de los  terrenos, asentados en las orillas del litoral  tamaulipeco, especialmente, en lo  que se relaciona  al presunto despojo de los grupos  campesinos, asentados en la zona.

Y  en  el año  2009,  el asunto  de Altamira,  cae  en manos  del despacho  capitaneado  por  Diego Fernández  de Cevallos  y  Antonio Lozano Gracia, ambos  abogados,  conocidos  por  el tráfico  de influencias, para  ganar  casos difíciles, y litigar  a base  de relaciones  con el poder político. Ambos personajes  del influyentismo jurídico,  le ganan un amparo a  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y Transportes, un pleito legal, que consiste  en impugnar, el decreto lopezportillista, argumentando  que, los terrenos  expropiados  en 1981, no se  justifican, para efectos de utilidad pública.  En esta operación,  la SCT  les paga  mil  500 millones  de pesos, como indemnización. La parte  del león,  se la quedan ellos, y  una porción  más pequeña, la reciben  los ejidatarios. De eso a nada, pues ni hablar.

Los nombres  finales  de esta trama que dio inicio  en los años ochenta, justo en los labios arenosos  de sur altamirense, son los siguientes: Alberto  Berlanga Bolado, su hermana Delia del Carmen  Berlanga  Bolado  y  el que parece ser el cuñado, de nombre  Héctor  Suverza Ramírez, del cual   nadie da  razón en  la zona conurbada.

Y si lo conocen,  tampoco  hablan.

El temor a  que se les involucre, no es para menos. La poesía  del litoral  y  su horizonte  rasgado  por  el oleaje incesante, parece  reinventarse, en el torbellino del affaire más impetuoso de las  últimas décadas.

La marea  política  en Tamaulipas, está  registrando  el más  feroz  de los reacomodos  del poder. Una mezcla de novela, de historia  turbia  y de drama inacabado.

Altamira, y la danza  de los mil  nombres.

PEDRO GRANADOS, VICTIMA DEL TERREMOTO TAMAULIPECO

Dicen que,  ni con  perros  rescatistas,  encuentran  a uno de los  desaparecidos  por  el terremoto  político, relacionado  con  los terrenos de Altamira. Se trata  del titular  de Protección Civil, en el actual gobierno del cambio, Pedro Granados   Ramírez, integrante de la  LVII  legislatura que aprobó por unanimidad, la multicitada apropiación  de terrenos salineros en Altamira.

Si  la postura  y  las  decisiones  de la fiscalía  anti corrupción  en Tamaulipas,  están realmente  más  allá  de  partidos  y  de grillas  políticas,  entonces a estas horas  ya debería  de estarle pidiendo  la renuncia  al Coordinador  de Protección  Civil en la entidad, Pedro Granados  Ramírez, y solicitando el desafuero  de la diputada local Teresa  Aguilar  Gutiérrez, mismos que  levantaron el dedo,  en aquella  célebre sesión  de hace  16 años, y que ahora cobra inusitada vigencia.

Porque, en este  terreno, el refrán es muy claro: tanto peca  el que acaba con el semoviente, como el que le agarra  la pata. Otra máxima que  advierte sobre  la necesidad  de aplicar  la norma, sin privilegios, es. “O todos coludos,  o todos rabones”. Al menos que la administración cabecista, quiera hacer valer esa polémica frase, considerada como una licencia de impunidad, adjudicada a Benito Juárez: “A  los amigos justicia y gracia; a los  enemigos, la ley a secas”.

Otros  albiazules  que  levantaron el dedo, para avalar  está polémica  decisión del poder legislativo, en mayo del 2001,  fueron Ubaldo  Guzmán Quintero,  Enrique  Dueñez  Pérez,  Raúl Galaviz Flores,  Víctor  Hugo  Moreno Delgadillo, y   Bernardo Gómez  Villagomez , diputado secretario  del Salón  de Sesiones, en ese tiempo. Por cierto, el  ex diputado  y ex alcalde  de   Río Bravo, (Gómez  Villagomez)  como ya se sabe, es cuñado  del actual  alcalde riobravense Juan Diego Guajardo Anzaldua,  confrontado  con el  gobernador  Francisco  García  Cabeza  de  Vaca.