Columnas

Anticorrupción mediática y no penal

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

         < Anticorrupción mediática y no penal

            < Firmas de Chavira, lo que el viento a Juárez

            < Altamira sin justificar 45 % del presupuesto

1.- Los Sistemas Anticorrupción nacional o estatal, de la entidad federativa que Usted quiera, poco podrán hacer para combatir la corrupción mientras éste concepto no se encuentre debidamente tipificado. Claro que la ley presenta infinidad de recovecos que pueden conducir a lograr una sanción, aunque no lo suficientemente severa por más grave que hubieran sido los daños.

Igualmente esos mismos recovecos sirven a un despacho de abogados experimentados a evadir una sentencia rigurosa. El tema lo traemos a colación ahora que el Congreso Local examina la posibilidad de reabrir los expedientes del Parque Bicentenario, originado por la sospecha de que los procedimientos de licitación y de construcción se hubieran hecho de manera irregular.

Un tema que los señores diputados sepultaron de buenas a primeras, pero ahora conforme se aproxima el 2018, año político, vuelven a removerlo.

Este como en otros casos similares tiene más efectos mediáticos que de tipo legal. Si los señores diputados de la actual legislatura realmente tienen como propósito proteger a los recursos públicos, debieran de estar construyendo el andamiaje legal para que en lo sucesivo no se cometieran más abusos bajo la sombra del poder. Desde luego estas leyes no serían retroactivas, pero es la cimentación que necesita el Sistema Anticorrupción para cumplir su cometido.

De hecho es obligación del Estado la tipificación de los delitos, es un principio de legalidad, <todo lo que no está prohibido está permitido>. Es muy recurrente evocar el Estado de Derecho, el cual para cumplirlo debe tener reglas claras de cada uno de los delitos que se pretenda castigar, es decir debe ser “tipificado”, lo que quiere decir, describir ese delito con precisión y de esa manera dar origen a una <norma penal>.

Los gobernantes de todos los niveles en diferentes tiempos han otorgado concesiones (autorizaciones, licencias de construcción, arrendamientos, apertura de fraccionamientos, y muchas otras actuaciones) para favorecer amigos, socios, prestanombres, familiares o simple y llanamente cómplices. Se trata no sólo de alcaldes, gobernadores y Presidente de la República, sino también de los legisladores, basta recordar los famosos “moches”. Ninguna figura del poder público debe escapar de la vara de la justicia.

Pero si esa vara no tiene medidas, es decir carece de “penas” claras bajos las que pueda actuar un juez. No pasaremos de lo mediático.

FIRMAS DE CHAVIRA NO PASARÁN DE LA FOTO.- El tema de la falta de tipificación del delito de corrupción también viene como anillo al dedo, si examinamos el levantamiento de pronunciamientos que reclaman el enjuiciamiento del exgobernador Egidio Torre Cantú y que promueve Francisco Chavira Martínez, que no pasará del impacto mediático, la foto de la entrega de firmas en el Congreso y ante el Sistema Estatal Anticorrupción.

Un linchamiento mediático que quizá satisfaga a una parte de la sociedad, pero al que difícilmente se le pueden augurar resultados legales.

Y es que los gobernantes rara vez toman recursos del presupuesto, generalmente obtienen un “diezmo” de las constructoras bajando calidad de la obra o “inflando” su costo, apropiándose de terrenos, mejorando su rancho con recursos oficiales, recibiendo costosos regalos a cambios de “favores” y otras artimañas  pero no hay pruebas, son pagos en efectivo y algunos los piden en centenarios para que no quede huella.

En su declaración Chavira dice que no se puede seguir permitiendo la impunidad a políticos que no han servido a los mexicanos.

Chavira tendría que promover otro levantamiento de firmas pero, para exigirle al Poder Legislativo que tipifique todas las conductas de corrupción posibles con sus respectivas penas, y entonces estaremos en camino de combatirla, antes no.

NI COMO DETENER LA OLA DELICTIVA.- Desde luego algunos gobernadores y alcaldes que no supieron frenar sus ambiciones realizaron actos de robo, sustracción o desviación de fondos que si están tipificados y es cuando se aplican sanciones resarcitorias, el caso más reciente es el del exgobernador de Colima, Mario Anguiano y a su equipo de colaboradores a los que se adjudica responsabilidades por mil 800 MDP.

Pero no existen sanciones, ni siquiera se presupone la posibilidad del pacto del Poder Ejecutivo con la delincuencia organizada (insistimos, todo lo que no está prohibido está permitido) a la que recientemente aludió el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en relación con sus antecesores. De tal manera que lo más que alcanzan es la reprobación ciudadana.

Tampoco está tipificado el castigo para quien desde la función pública suministre agua destilada haciéndola pasar como medicamento para el cáncer o cualquier otra enfermedad, que fue el caso del Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

No hay una sanción precisa para quien asigne becas institucionales a familiares o amigos, en lugar de canalizarlas a personas que necesitan de la protección de las políticas sociales. Cuando mucho se les despedirá si es que están en funciones, pero estos casos usualmente salen a la luz cuando ya no están en el candelero político.

Es muy grande la beta de donde se puede explotar la gestión pública y muy endeble el tejido anticorrupción para detener la ola delictiva. Esa es la realidad.

POCA OBRA Y MUCHA OPACIDAD.- La alcaldesa de Altamira, Alma Laura Amparan es otra de los ediles que están padeciendo entuertos en la rendición de cuentas de los ejercicios 2016, de los que sólo gobernó los últimos tres meses, pero tiene la responsabilidad igual que sus homólogos de presentar comprobación del ejericio de todo el año. Y es que su antecesor Armando López al parecer no tiene manera de sustentar un ejercicio de 346 millones de pesos.

La prepcupación de Doña Alma Laura es porque el oficio correspondiente se le envío hace una semana y es hora que no da señales de que las cosas estén caminando. Se trata de 86 observaciones que deberá estar justificando a más tardar el próximo 3 de noviembre. Los 346 millones de pesos representan el 45 % del presupuesto aprobado para ese año, el cual ascendió a 790 millones 425 mil pesos. No es cualquier cosa, estamos hablando de casi la mitad del presupuesto, donde apenas 80 MDP se dedicaron a obra pública.