Bombas, sorpresas y decepción, en arqueo a municipios bajo la lupa
Bombas, sorpresas y decepción, en arqueo a municipios bajo la lupa
* Auditoría Superior Federal va contra Ayuntamientos por irregularidades en el subsidio para seguridad
No sabemos a ciencia cierta, si es por la presión social en donde el ciudadano ha decidido participar en las tareas políticas, pero en los últimos meses, hemos visto a la Auditoría Superior del Estado, girar citatorios y dar ultimátum a varios expresidentes municipales que mostraron opacidad y sospechas de desvíos multimillonarios.
Este comportamiento de la ASE, ha despertado mucha expectación, aparejado con sorpresas y podría hacer explotar varias bombas políticas, al dar los resultados de los trienios que están siendo auditados donde sobresalen los de Matamoros, con un faltante de mil 371 millones de pesos, Nuevo Laredo, con 900 y el Gobierno de Tamaulipas, con mil millones de pesos.
En primer lugar: ya culminó desde hace varios días, el plazo de 15 días hábiles que la Auditoría Superior del Estado les dio a los expresidentes municipales, Leticia Salazar Vázquez y Carlos Canturosas Villarreal, para que comprueben fehacientemente estos faltantes.
Porque ya va para un mes, fue el día 12 de octubre del presente año, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García González, diera a conocer que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades y quebrantos por más de 3 mil 271 millones de pesos en las cuentas públicas de Matamoros, Nuevo Laredo y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y les dio un plazo de 15 días a los responsables de las anteriores administraciones para solventarlas.
Ante estos señalamientos, la sociedad ya está harta de que los gobiernos, le tiendan cortinas de humo, para luego encubrir a sus correligionarios y que como niebla lo denso se vaya adelgazando hasta convertirse en una sola brisa, generando decepción y desesperanza.
El clamor popular es que si no encontraron irregularidades y las cuantiosas cajas con documentos contables y financieros, que fueron remitidas a Ciudad Victoria desde Matamoros y Nuevo Laredo, ya solventaron los 2 mil 271 millones que en conjunto estaban en el aire, quedando todo bien planchadito y a los ex alcaldes antes mencionados, entonces, se les debe de dar disculpas públicas.
En caso contrario, si no pudieron aclarar ese tremendo desfalco a las finanzas públicas, deben emitir un dictamen, para que las instancias correspondientes, conforme a la ley los llamen a cuentas y no solo restituyan el quebranto patrimonial, sino que sean castigados punitivamente, porque cuando un gobernante se embolsa dinero que debe ser destinado a obras, programas y acciones, afecta a miles de familias.
No es aplicar solo el mentado “borrón y cuenta nueva”, sino que debe marcarse un precedente histórico, para que aquellos que sientan la tentación de desviar recursos públicos, sepan que ya la guadaña de la justicia está bien afiladita y empezará a cortar cabezas.
Porque hace casi un mes, Carlos García advirtió que las observaciones de la ASE, que encabeza Jorge Espino Ascanio, cuentan con un plazo de 15 días para ser solventadas y que en el caso de que no se proporcione la información solicitada puede aplicarse algún tipo de reintegro o multa administrativa.
En esa misma tesitura respondió a la pregunta formulada por los representantes de los medios de comunicación el diputado local, Joaquín Hernández Correa, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Tamaulipas y la sociedad ya no aceptará que los gobernantes que se les compruebe alguna fechoría, solo se concreten a regresar los robado.
Así como ya lo demostraron al congelar cuentas públicas que mostraron opacidad, como las de los trienios antes mencionados, los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, del Gobierno del Estado y otros municipios, en donde ya no es tan fácil palomear las cuentas del gran capitán, porque si hay irregularidades, a los responsables de este quebranto deben de aplicarles todo el rigor de la ley… ¿No cree usted?
Auditoría Superior Federal va contra Ayuntamientos por irregularidades en el subsidio para seguridad
Ya que estamos encarrerados en el tema de la revisión, para conocer el destino de los recursos públicos, mencionaremos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó distintas irregularidades en el uso que los municipios hacen de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, conocido como Fortaseg.
En una auditoría financiera y de cumplimiento, el órgano de fiscalización encontró que las demarcaciones incurrieron en falta de documentación comprobatoria e incumplimientos en los periodos de entrega y respuesta de documentación.
Al revisar la calidad de la gestión gubernamental del subsidio, la ASF también detectó falta de comprobación de las fechas de publicación de los documentos establecidos en los lineamientos, falta de acuses de recibo por parte de los beneficiarios e incumplimientos no notificados.
Los objetivos de esa auditoría, que forma parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, fueron fiscalizar la gestión administrativa y vigilar el subsidio a los municipios, además de verificar el ejercicio, aplicación y registro de los recursos transferidos.
Para darnos una ligera idea, solo basta mencionar que en el año 2016, el Fortaseg se distribuyó entre 300 demarcaciones de los 32 estados y contó con una bolsa presupuestal de 5 mil 952 millones de pesos para la profesionalización, certificación y equipamiento de las instituciones locales de seguridad.
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