El regidor convicto
RESEÑA POLÍTICA
Juan R. de la Sota
El regidor convicto
El gobierno estatal establece las condiciones necesarias para garantizar se ofrezca un servicio de transporte público seguro y eficiente con un trato respetuoso y amable a los usuarios.
A los que no acaten tal disposición, no se les debería tolerar y de inmediato cancelarles la concesión, pues ante todo, primero está la protección de la vida de los ciudadanos.
Dueños y choferes de unidades del transporte público del sur de Tamaulipas, retaron a las autoridades estatales y municipales, al advertir que no se someterán a la aplicación de exámenes antidoping y a tomar cursos de capacitación, con cuyas acciones se busca garantizar un servicio seguro y de calidad.
Los concesionarios del transporte son irresponsables, chiflados, montoneros, abusivos, prepotentes y groseros y al orden tienen que ser sometidos.
Ellos, bajo el amparo de organizaciones cetemistas, croquistas y otras agrupaciones representadas por dirigentes sinvergüenzas y ladrones de cuotas, protestan y presionan a las autoridades para no cumplir con lo estipulado en la ley.
Resulta que de mil 200 operadores del transporte público del municipio de Altamira, 240 se opusieron y están encaprichados en que no se les apliquen los exámenes que detectan si son o no adictos a las drogas.
Además, rechazan todo tipo de capacitación para mejorar la prestación del servicio y la vestimenta de los choferes.
Al no aceptar dichas pruebas, los conductores de las unidades transportistas evidencian ser drogadictos y si no quieren ser acusados de ser adictos a algún tipo de estupefacientes, tendrían que someterse al examen antidoping.
Los concesionarios al recibir el tarjetón, uno de los requisitos para prestar el servicio, se les exige que los choferes de los microbuses deberán presentarse a las pruebas antidoping y a los cursos, pero como están acostumbrados a hacer lo que quieren, es decir a no ajustarse a la ley, se oponen a cumplir con este procedimiento.
Las autoridades del transporte público, bajo el mando del gobierno estatal, no debería batallar con concesionarios y choferes intransigentes y rebeldes, los primeros tienen la sartén por el mango y si no cumplen con la ley, simplemente deberían cancelarles la concesión.
Al fin que hay muchos particulares dispuestos a prestar el servicio y cumpliendo con la tan exigida modernización de las unidades y con la cual, a la fecha los prestadores del servicio no han realizado, ya que siguen operando con vehículos convertidos en auténticos panderos, deteriorados y con múltiples fallas mecánicas. Es inaceptable su circulación, pues parecen tinas de albañil.
Es conveniente que las autoridades actúen con firmeza y se haga cumplir la ley en la materia, porque de lo contrario choferes y concesionarios del transporte público de otros municipios también fijarán la postura de oponerse a la aplicación del antidoping y a participar en los cursos.
Ya es tiempo que el Gobierno actúen con la ley en la mano, para ajustar al marco jurídico a los “microbuseros” y así se cumpla con la añeja demanda de los tamaulipecos de que se le ofrezca un servicio respetuoso, amable, de calidad y seguro, porque cada que se trepa a un vehículo de este tipo su vida corre peligro, por las pésimas condiciones mecánicas en que se encuentran y por la irresponsabilidad de los choferes para conducir.
Cambiando de tema, se está difundiendo en algunos medios de comunicación que el próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cancelará todo tipo de adeudo que la población de algunos estados enfrenta con la Comisión Federal de Electricidad, si esto es cierto es una medida populista del tabasqueño, que sí beneficiaría a la familias mexicanas.
De esas son las medidas populistas que aceptan los ciudadanos, esas que ayudan a la economía de la clase trabajadora, a la gente pobre, a las familias que viven en extrema pobreza, a aquellas que no tienen ni para comprar tortillas, porque en todo momento rechazará acciones o discursos que no signifiquen el abaratamiento de los servicios públicos, gasolinas y alimentos.
Algunos medios informativos publicaron que Andrés Manuel López Obrador, anunció que los ciudadanos que estén en “resistencia civil” contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “por cobros excesivos” en sus recibos de luz, “no pagarán ni un solo peso” con la entrada de su gobierno. Es decir borrón y cuenta nueva.
De hacer realidad dicho anuncio beneficiaría a miles de usuarios del Estado de México, Ciudad México, Tabasco, Chipas y Veracruz, quienes no han pagado los cobros por considerarlos injustificados.
Bien convendría que el señor López Obrador extendiera ese tipo de apoyo para usuarios de otros estados del país, ya que son muchos los que enfrentan adeudos de miles de pesos y que por consecuencia les han suspendido el servicio de energía eléctrica.
Estas es una petición que deberían hacer los próximos diputados federales, de los que se espera un real trabajo de gestoría y no actuación sumisa, de vedets y ambiciosos al dinero, como lo son los actuales legisladores del Congreso de la Unión.
En otro asunto, los siete ciudadanos mexicanos que asaltaron una joyería en la Plaza Mall de McAllen, Texas, permanecen privados de su libertad en la cárcel del Condado de Hidalgo, Texas, donde enfrentarán el proceso.
Los presuntos delincuentes son originarios de Reynosa, Tamaulipas, a los cuales se les fijó una fianza de 200 mil dólares por cargos de asalto agravado, y a cinco de ellos se les incluyó otra multa de 10 mil dólares por dar nombres falsos a las autoridades.
Estos individuos, al obtener su libertad, seguramente no volverán a pisar suelo estadounidense, porque seguramente las autoridades de ese país, les cancelarán el paso de manera definitiva por representar un riesgo a la seguridad de esa nación y su población.
Si llegan a abandonar la cárcel, beneficio que para obtenerlo habrán de batallar, ya que no disponen de dinero para pagar la fianza, puesto que andaban asaltando, las autoridades mexicanas deberían vigilarlos, pues evidentemente son alérgicos al trabajo y lo más seguro es que sigan delinquiendo.
Por otro lado, los ayuntamientos de Tamaulipas, ya alistan las actas para la entrega-recepción de los bienes municipales a quienes por decisión popular serán los próximos alcaldes.
Hasta los días últimos del mes de agosto los ayuntamientos tendrán oportunidad de hacer gastos, para que las finanzas estén cerradas a partir de septiembre, periodo en que se presentará el grupo de transición del próximo alcalde para recibir los bienes municipales.
Las actuales administraciones municipales no deben actuar con irresponsabilidad, es decir deben dejar finanzas sanas, para que existan fondos para el pago de salarios y se de continuidad a las prestación de los servicios públicos, sobre todo en materia de limpieza y seguridad pública.
Por su parte, el Alcalde de Victoria, Oscar Almaraz Smer, aseguró que dejará fianzas sanas al próximo Presidente Municipal, Xicoténcatl González Uresti.
Manifestó que la administración municipal a su cargo no obtuvo ninguna deuda para el desarrollo de las obras municipales y destacó que, al contrario sigue pagando, con la aprobación del Cabildo la deuda que data desde el periodo de Arturo Diez Gutiérrez Navarro.
“No contrajimos ningún tipo de deuda, hay una deuda que viene de hace muchos años y que se está pagando constantemente, que está aprobada en el presupuesto de egresos y que mes a mes está cumpliendo con el compromiso contraído y que es una deuda que se contrató hace varias administraciones”, expresó el mandatario municipal victorense.
Por cierto, cabe recordar que Arturo Diez, perteneciente a la familia Diez Gutiérrez, explotadores y exterminadores de miles de hectáreas de árboles de la sierra tamaulipeca, dejó en banca rota, quebrado, en números rojos, sin dinero a las fianzas municipales.
Pero como su protector fue el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, preso en el penal de Victoria, le fue tolerado su asalto al Municipio y por eso goza de total impunidad.
Para que esté enterado, a Néstor Aguilar Montes, secretario de fomento a la habitación del SUTSPET, no le caerán mal unos 70 mil pesos de sueldo correspondiente a dos quincenas de “trabajo”, ya que tomará protesta como décimo Regidor, en la próxima sesión ordinaria del Cabildo de Victoria.
Para sustituir en el cargo al hoy convicto, Miguel Agustín “N”, quien fue encarcelado por los delitos de abusos sexual y corrupción de menores en agravio de una menor de 12 años de edad que sería familiar suya.
Este se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta capital, por lo que está impedido para asistir a las sesiones de Cabildo celebradas tres veces al mes en la Presidencia Municipal y por consecuencia debe ser relevado en el cargo.
El dato: Morena=a PRI. El próximo sexenio gubernamental federal será gobernado por priistas. Esto es real, pues Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República electo, fue priista y la mayoría de sus colaboradores militaron y simpatizaron con el Partido Revolucionario Institucional. De esto hay constancia.
Correo: jrdelasota@hotmail.com
