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EN EL GOBIERNO DE LOPEZ OBRADOR HAY CORRUPCION

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POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

EN EL GOBIERNO DE LOPEZ OBRADOR HAY CORRUPCION

A escasos tres meses de haberle sido asignada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la dirección general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), el abogado Jaime Cárdenas Gracia renunció al cargo luego de detectar actos de corrupción dentro del mismo Instituto, los que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y sentir que sus denuncias no han prosperado.

Supuestamente el  Presidente López  Obrador al otorgarle el cargo a Cárdenas Gracia le pidió que fuera a revisar y poner órden en lo que ocurría al interior del INDEP y fue lo que hizo. Dijo que desde el inicio de su función encontró probables irregularidades administrativas, procedimientos de evaluación que no garantizan los principios del artículo 134 Constitucional (el mayor beneficio para el Estado).

Ya en el cargo comenzó a documentar como los empleados y directivos del Instituto manipulan no solo los bienes, sino los procedimientos de evaluación para favorecer a empresas o a particulares previamente determinados y acordados que después ganaban los bienes propiedad del Estado en las subastas también manipuladas.

Luego habló de mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y conductas de servidores públicas contrarias a las normas.  En consecuencia, “hemos presentado denuncias administrativas al Organo Interno de Control, dijo el Lic. Cárdenas en su carta renuncia de cinco cuartillas.

Comentó que por la  manipulación de distintas joyas se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En su carta renuncia, para concluír su encargo el próximo 30 de septiembre, Cárdenas argumenta que decidió regresar a la vida académica y advierte que el organismo tiene deudas las que calificó como graves.

Dijo que de las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales de México y de Luz y Fuerza del Centro se deben más de mil millones de pesos en cumplimiento de laudos laborales  que se encuentran en ejecución.

“No contamos por el momento con  liquidez para cumplir. Se ha solicitado a la SHCP la ministración de esos recursos y se ha procedido a la venta de inmuebles de Ferrocarriles de México. La situación es grave y apremiante”, advirtió el Lic. Cárdenas.

Añadió que además se tienen deudas con proveedores, principalmente con empresas de seguridad y administración de almacenes y dijo que el INDEP “no es una fuente de recursos inagotables”.

El INDEP, dijo, es tanto un cofre de recursos importantes, pero no inagotables, “para que el Gobierno Federal realice su política social y prioritaria, así como un espacio institucional de graves riesgos”.

En éste año el  presupuesto federal destinado a  los programas preventivos y de promoción de la salud tuvo un recorte de al menos el 40%, lo que obligó al Gobierno del Estado a entrar al rescate para evitar que se dispararán los casos de Dengue.

Lo que nos trajo a la memoria que en los malos gobiernos del PRI, que no traga López Obrador, el presupuesto destinado a la Salud y a la Educación, era intocable, diferencia que se puede ver a la  legua con la muerte de los niños con cáncer y la falta de construcción de escuelas.  Pero los morenistas aún siguen creyendo que MORENA es la salvación de México.

Por cierto que palo le ha dado el juez Segundo de Distrito al gobierno de López Obrador al conceder a Greenpeace una suspensión definitiva para mantener frenado el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, publicado por la SENER, hasta que dicte su sentencia en el amparo tramitado por la organización ambiental.

En su resolución el juez federal ordena suspender  todos los  efectos  y consecuencias derivados del programa, porque se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético.

“La Secretaría de Energía, como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa, deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado y que fueron precisadas en el párrafo que antecede”, apuntan.

Con la última de que el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para certificar que el presidente de la república goce de buen estado de salud mental.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas  (UAT) y la Secretaría de Educación  en Tamaulipas en una suma de esfuerzos que busca fortalecer la educación de nivel Primaria, firmaron el convenio del programa de servicio social “Cuenta  Conmigo”, que es impulsado por las dos instituciones.

Por cierto al refrendar la mutua colaboración el rector de la UAT José Andrés Suárez Fernández y el titular de la  SET, Lic. Mario Gómez Monroy, firmaron  el acuerdo que dará inicio a ésta innovadora estrategia implementada frente a los retos del sector educativo por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con los objetivos del programa  “Cuenta Conmigo”, que se pondrá en marcha a  partir del próximo 1 de octubre, alrededor de dos mil 900 prestatarios de servicio social participarán en actividades de acompañamiento  para apoyar a niños y niñas tamaulipecos de nivel Primaria en sus procesos de aprendizaje, contribuyendo así a la reducción del rezago escolar  en éste nivel educativo.

En la ceremonia efectuada  en  el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el rector, ingeniero y master en ciencias agradeció al titular de la SET la oportunidad de colaborar en éstas acciones, que ponen de manifiesto una vez más la responsabilidad social de la UAT y la vocación de los universitarios para servir a la sociedad.

En un documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria la totalidad de la bancada panista propone modificaciones a los artículos 6, 69 y 82 de la Constitución para que,  primero, quede exenta de una  protección o reservas de ley, el estado de salud mental del Presidente de la República, los secretarios, subsecretarios de Estado y del Fiscal General de la República, pues es información de interés público, lo que se acreditará con dictamen médico.

También pretenden modificar el artículo 69  Constitucional para que además de que cada 1 de septiembre el  titular del Ejecutivo presente su  informe de gobierno también presente un  informe clínico actualizado  en  versión pública  donde  se haga constar de la buena  salud mental.

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