Tribuna

Por Javier Terrazas

La defensa

En la lucha contra la delincuencia organizada pareciera que se agotó la última fila de los cuerpos de seguridad.

Desde hace algunos años, por incapacidad, omisión, tolerancia y corrupción los cuerpos de seguridad local, estatal y federal se contaminaron.

Hoy las principales acciones en contra de los criminales la dan los militares y los marinos, que por encomienda central realizan una misión de apoyo a los Estados más emproblemados.

Los números son elocuentes. Tamaulipas con sus 2.4 millones de habitantes requiere de entre 10 mil y 11 mil policías certificados para estar en los estándares para garantizar ese preciado y anhelado derecho.

Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones aplicadas en infraestructura de centros de capacitación, adiestramiento y profesionalización, así como evaluaciones y certificación, no llega ni a tres mil agentes.

El resto es proporcionado por las fuerzas federales que dan un apoyo especial a las principales regiones de la entidad: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante y Tampico-Madero-Altamira.

Sin embargo, tampoco ha sido suficiente porque las acciones de las fuerzas federales se han orientado al combate al crimen organizado que comete delitos de alto impacto.

Mientras que los delitos del fuero común están en su mayoría a la deriva y es ahí donde se gestan los nuevos delincuentes casi “al vapor”, eso sí dotados de equipos de nuevas tecnologías de la información y de armas y parque.

Ni la suma de esfuerzos de la federación, el estado y los municipios, con diversas estrategias y acciones, han podido cortar la ola de violencia generada por los choques de los grupos delictivos entre sí que disputan territorios.

O bien de los desafíos que lanzan en contra de las fuerzas de seguridad federal o estatal y que en su combate mueren en su mayoría, pero que de inmediato son reemplazados.

Esa es nuestra cruda realidad tamaulipeca. Ocurre desde Nuevo Laredo a Tampico; de Matamoros a Tula y de Reynosa a El Mante.

Y la realidad es que la sociedad se cansa de ser víctima permanente de las bandas delictivas. Por ello, algunos de sus segmentos más afectados y molestos por los atropellos, están exigiendo cambios en el Código Penal, para ampliar los términos de la legítima defensa.

Ello implica la posibilidad de los ciudadanos de tener un arma en el domicilio, el establecimiento comercial, la empresa para defenderse en caso de ataques.

Es un tema controvertido, porque hay quienes están a favor y en contra de los ajustes a esa legislación.

Sin embargo, parece un mal necesario y una alternativa para que el ciudadano ordinario no esté inofensivo ante cualquier circunstancia de riesgo o ataque.

El sector comercial a través de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio que preside Jorge Almanza está impulsando la iniciativa, que ya se aprobó en Nuevo León.

Cierto que el gran delincuente no se detendrá para cometer sus fechorías, pero lo relevante es frenar al delincuente menor , para poder cortar desde el origen el semillero de bandidos mayores que surgen de éste tipo de delitos.

Creo que nuestros diputados locales, de todas las fracciones parlamentarias, la panista que comanda Chito García; la tricolor de Alejandro Etienne; la del PANAL de Rogelio Arellano, o los de MORENA, PMC y PVEM, deben escuchar a los ciudadanos de sus distritos al respecto para tomar decisiones.

Tamaulipas tiene prisa por un desarrollo integral sano, en armonía y tranquilidad, de ahí deba atender sus problemas torales.

Hasta ahora con los gobiernos federales emanados del PAN (Felipe Calderón)  y del PRI (Enrique Peña Nieto) ha tenido el respaldo de las fuerzas federales para atenuar la delincuencia organizada.

Sin embargo, ante un eventual nuevo derrotero nacional, imagine que un gobierno Morenista retire las tropas. Simplemente quedaríamos a la deriva y a merced del hampa. Mucho más de lo que ahora estamos.

Buen inicio, pues del Diputado matamorense Anto Tovar quien se reunió con comerciantes encabezados por Julio Almanza para recibir la propuesta de

reforma al Artículo 32 en el Código Penal para permitir la legítima defensa ampliada en diferentes modalidades en hogares y el comercio.