La extorsión telefónica
RESEÑA POLÍTICA
Por: Juan R. de la Sota
La extorsión telefónica
Los penales del Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila y Puebla, se han convertido en universidades del crimen, en donde ante la tolerancia de las autoridades, entre otras acciones ilícitas, se practica la extorsión telefónica y que en algunos casos han logrado su propósito de despojar de dinero bajo falsedades a muchas familias mexicanas.
Ello se registra, debido a que en esos centros de reclusión se concede el privilegio del uso de celulares y no existe control de llamadas de teléfonos convencionales instalados en dichos inmuebles.
El Gobierno tendrá que establecer un plan para evitar esos movimientos que perjudican gravemente y atemorizan a la población, pues existen denuncias, en el sentido de que las familias de domicilios particulares han recibido llamadas de teléfonos con ladas de esos estados exigiendo dinero para liberar un familiar secuestrado o que sufrieron un accidente, pidiendo que les depositen determinada cantidad para resolver el asunto y resulta que es falso.
Por ello, la ciudadanía al recibir ese tipo de llamadas, no debe depositar ni un centavo, sin antes verificar que lo planteado es verídico.
En los penales de los mencionados estados existen vagos programas de rehabilitación, educación y concientización, propiciando que los reos que pagaron penas, al ser liberados van a la calle con la misma mentalidad delincuencial, por lo que el Gobierno deberá fortalecer sus acciones de capacitación, para reintegrar a la sociedad ex convictos respetuosos de la ley y productivos.
Las autoridades mantienen su incapacidad para acabar con los denominados autogobiernos en los reclusorios de esas entidades, lo que ha generado que en estos se practique la ilegalidad, como es la extorsión telefónica, venta de droga y alcohol, así como el tráfico de armas, influencias y el ejercicio de la prostitución.
No han podido acabar con la sobrepoblación que existe en los mismos, incomodidad que provoca múltiples violaciones a los derechos humanos y hasta roses y por consecuencia riñas y homicidios entre los reos.
La tolerancia y contubernio las autoridades carcelarias, de esos estados, la ceden a la población penitenciaria, para hacer negocio con la comercialización de diversos productos.
Los funcionarios responsables de dirigirla y controlarla, demuestran temor y miedo, debido a que no someten a los reos a constantes revisiones y son débiles para hacer que se cumpla el reglamento interior de los reclusorios.
Los reos de esos penales jamás lograrán una verdadera rehabilitación, ya que exigen, condicionan y presionan a la autoridad para que se le atiendan sus peticiones, cuando no se justifican y son ilegales. El Gobierno está para exigirles acaten el reglamento interno penitenciario en el cumplimiento de su condena o en el proceso del juicio.
Si no logra que el reo cumpla con las medidas legales y es tolerante con los mismos, continuarán los autogobiernos en esos penales y si no los capacita sobre el respeto a la ley, seguirá reintegrando a la sociedad ex convictos con mentalidad delincuencial.
El Gobierno tendrá que poner orden, pues si no lo hace habrán de lamentarlo y muy doloroso sería que se registre la muerte de más reos.
Para que el interno sea bien portado, el Gobierno debe ofrecerles programas de trabajo con salarios bien remunerados, respeto a sus derechos humanos, mantenerlos informados sobre el avance de su juicio, pre-liberación o libración y en lo relativa a cómo se encuentran sus familiares.
En otro asunto, los Diputados locales ya cocinan el cambio de titular de la Auditoría Superior del Estado y que sustituirá en el cargo a Miguel Salmán Álvarez. Seguramente el nuevo Auditor será propuesto por el Grupo Parlamentario del PAN y autorizado para ocupar el puesto, pues los panistas son mayoría en el Congreso del Estado.
Por cierto, no tiene sentido que los diputados aprueben un plan anual de trabajo, si no lo cumplen, pues quedó demostrado que en el pasado periodo los legisladores no gestionaron beneficios a favor de los tamaulipecos, al contrario aprobaron acciones que dañan enormemente la economía de los tamaulipecos, como es el incremento de impuestos.
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