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La revuelta de los palos. ¿Y Tamaulipas?

Tribuna

Vaya revuelta que se armó en Chihuahua por la enjundiosa defensa de las aguas nacionales de la Cuenca del Río Bravo, proveniente de uno de sus principales afluentes, el río Conchos y almacenadas en las presas Las Vírgenes, La Boquilla y El Granero.

Una lucha sin sentido, pues el agua es un recurso federal que administra el Gobierno Central, atendiendo las necesidades regionales, dependiendo de la disponibilidad.

El pasado lunes se llegó al extremo de armar con palos a los usuarios por un grupo de líderes, para sacar de la zona a cientos de agentes de la Guardia Nacional, que resguardaban  una de las obras hidráulicas, La Boquilla.

El motivo de la presencia de los militares, era dar cumplimiento a indicaciones precisas de la CONAGUA para abrir las compuertas y derivar líquido para el pago de compromisos internacionales con Estados Unidos.

Se trata de un acuerdo bilateral que data desde 1944, en el que se establecen lineamientos para el aprovechamiento conjunto de los ríos Colorado y Bravo.

La sequía que se registra en algunas regiones del país,  la ampliación de la frontera agrícola de algunas zonas de riego, así como la extracción ilegal de algunos volúmenes de agua de las presas, generan zozobra entre los productores de no contar con el vital líquido, para el presente o próximo ciclo agrícola.

El esquema del aprovechamiento integral y equilibrado de las aguas de los dos ríos internacionales, no había generado problemas como el del presente año.

Las alternancias políticas en el gobierno federal y de los estados del norte del país, con la llegada de funcionarios nuevos, sin conocimientos suficientes, temple y experiencia, además de los nuevos estilos de gobernar, han contribuido a la desinformación que derivó en la revuelta.

Con saldo ya de dos víctimas, una pareja de usuarios de uno de los distritos de Riego de Chihuahua, que habían participado en una de las movilizaciones, a quienes tocó en mala suerte, ser blanco de balas surgidas en una confrontación de agricultores y agentes de la Guardia Nacional.

Cierto que la población chihuahuense es muy regionalista y defiende con pasión sus causas, pero en ésta ocasión, los usuarios de los distritos de riego y sus familias fueron manipulados.

Hay liderazgos identificados con el PRI, con el PAN en incluso con MORENA.  Y el dejar hacer, dejar correr y no entrar en la difusión de la información correcta, de alguna forma involucra al propio gobernador Javier Corral Jurado.

El agua no es propiedad de los Estados en que se ubican las presas. Ni tampoco de los usuarios. Es un recurso federal, que administra el gobierno central.

Y la Cuenca del Río Bravo, que tiene su parte alta en Chihuahua y su parte baja en Tamaulipas, es administrada por la CONAGUA.

Esta institución, que ahora dirige Blanca Elena Jiménez Cisneros, debe velar por su aprovechamiento integral y equitativo, de acuerdo a los compromisos establecidos para cada zona.

Así como  la entrega de la parte que corresponde al vecino país del norte, que se maneja por quinquenios, que tiene una asignación de mil 800 millones de metros cúbicos, que se entregan por partes cada año.

Con algunos márgenes de maniobra, en caso de años de mayor sequía.

Son compromisos ineludibles, porque en ese tratado, a México le toca la mayor parte del agua de los ríos Colorado y Bravo, un 66 por ciento.

No hacerlo, representaría dar pie a una revisión, en la que podría haber dificultades para que el uso quedara en las condiciones vigentes.

La «Revuelta de los Palos», no debió darse. El gran perdedor de esa batalla será el propio estado de Chihuahua.

Obliga al Gobierno Federal a una revisión profunda de los aprovechamientos legales e ilegales del agua, en donde se tendrá que poner orden al fenómeno del «huachicoleo del agua».

Importante sería que en esta coyuntura de la adecuada distribución del agua de la Cuenca del Río Bravo, en la parte alta y baja, Tamaulipas se suba a demandar la que por ley le corresponde.

Pues además de las voces de los líderes campesinos del norte de la entidad, como Agustín Hernández Cardona de la Unión Agrícola Regional del Norte;  Jorge Luis López Martínez, Presidente del Consejo Estatal Agropecuario; o Raúl Treviño Cisneros, del Distrito 025, no hay acompañamiento sólido por parte de los titulares de las instituciones estatales.

La participación de Ariel Longoria García de la Secretaría de Desarrollo Rural; o de Gilberto Estrella Hernández de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de César Verástegui Ostos; o del propio gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, no han sido lo que los productores esperaban.

Tiempo pues, de luchar por una causa justa por las vías institucionales, claro está, no con otra «revuelta de los Palos» e la Cuenca Baja del río Bravo.

El que respondió de manera muy  tenue a las exigencias de los productores que solicitaron la intervención del gobernador ante las instancias federales,  fue el Director General de la CEAT,  Luis Javier Pinto Covarrubias.

Y precisó que el asunto se llevó por el titular del Ejecutivo desde diciembre del 2019 a la Secretaría de Gobernación, pero no se ha respondido.

al  plantearse la complicación que podría darse por el desabasto de agua incluso para el abasto urbano de las ciudades fronterizas, desde Acuña Coahuila hasta Matamoros Tamaulipas,  debido a que las presas Amistad-Falcón tienen cerca de 250 millones de metros cúbicos y que el consumo urbano demanda de 350 millones de metros cúbicos, la respuesta fue en el sentido de que se dispondrá de aguas del sistema de presas El Cuchillo- Marte R. Gómez, para garantizar el abasto de las ciudades tamaulipecas fronterizas.

Lo ideal es que se diera una mayor coordinación entre las dos partes, para que desde el centro no se deje morir al Distrito 025, que tienen 202 mil hectáreas de riego y es el más grande e importante del norte de Tamaulipas.

Nuestro estado está al final, en la desembocadura del río Bravo, pero no por ello debe ser marginado en el reparto justo del agua de su cuenca.

Las pérdidas del ciclo pasado, rebasan los mil millones de pesos, que mucha falta hacen a esa región de la entidad, en particular en éste época de recesión económica y pandemia.

Se estima que Chihuahua extrae en forma ilegal más de 500 millones de metros cúbicos, que son los que faltan al Distrito Bajo Río Bravo.

Tamaulipas si tiene una causa justa por la que tiene que luchar.

Insisto por las vías institucionales.

No en otra «revuelta de los palos».

 

 

 

 

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