Lo judicial antes y en la pandemia
Gaceta.
Por: Raúl Terrazas Barraza.
Lo judicial antes y en la pandemia
El mejor indicador de que muchas actividades administrativas, profesionales y sociales se reactivarán a partir de este lunes, es la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, POET, del Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para reanudar las actividades de los órganos Jurisdiccionales.
Ello quiere decir que se levanta la suspensión de labores decretada desde el 18 de marzo pasado como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que fue establecida por las autoridades de salud de Tamaulipas y del país.
Para efectos de los asuntos judiciales es necesario señalar que se levanta la suspensión de los plazos procesales que realizan el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, sus Salas Unitarias, Colegiadas y Regionales, en tanto, que, corresponderá al Consejo de la Judicatura proveer todo aquello que sea necesario para la reanudación de actividades en el resto de los órganos jurisdiccionales y las dependencias administrativas.
Como son muchos y asuntos que estaban suspendidos, en el Artículo Cuarto del Acuerdo de reanudación de las actividades Judiciales, se asientan tres factores que deben considerar tanto los abogados como sus clientes, que se privilegiará la utilización de los medios electrónicos para la presentación de promociones y para la notificación de partes, a las cuales se dará el curso que corresponda.
Además, no se permitirá la gestión ni trámite personal de los interesados ante las dependencias del Supremo Tribunal de Justicia y sus Salas Unitarias, Colegiadas y Regionales, por lo tanto quedan prohibidas las audiencias para alegar fuera de las actuaciones del expediente y de cualquier otra solicitud presencial análoga.
El reinicio de las actividades judiciales se da tras las suspensión por un período de más de 90 días hábiles en los cuales, los expedientes que obran en poder de las autoridades judiciales debieron de seguir su curso normal.
Como para ponerse al corriente, Magistrados y Jueces deberán e echarle muchas ganas a los expedientes para resolver los más posibles en el entendido de que todos están como se quedaron, sin embargo, el escenario es diferente, porque la pandemia ha impactado la economía de los ciudadanos y pudiera darse un fenómeno poco visto, el desistimiento en forma masiva de casos, ya que, hasta podría pensarse que los quejosos enfrentarán problemas para el pago de los servicios profesionales de los abogados.
En parte a esto se debe la necesidad expresada por los litigantes, para que los Tribunales Judiciales se abrieran lo más rápido posible, al verse venir una situación económica complicada, que ya fue corroborada por el INEGI, esta semana que acaba de pasar, porque el decremento cayó al peor nivel de los últimos 30 años, al rondar el menos 20 por ciento.
Ahora sí que habrá un Antes de la Pandemia, AP, y un Durante la Pandemia, DP, en materia judicial, ya que, si se tratara de casos civiles como divorcios, pudiera suceder que tras el confinamiento, las parejas cambiaron de opinión y en lugar de buscar a los abogados para la resolución del expediente, pedirán que se cancele, porque el confinamiento los unió y los costos del divorcio los aleja de la posibilidad de seguir adelante con las separaciones.
Desde luego existen todo tipo de casos y tras más de 90 días hábiles en suspensión, habrá que ajustarlos a la nueva realidad de los involucrados y sus posibilidades de seguir en ellos, ya que, víctimas de la pandemia de COVID-19 a lo mejor algunos de los promoventes o acusados ya no están.
El Acuerdo para el reinicio de las actividades judiciales fue emitido con el voto de los Magistrados Horacio Ortiz Renán, Alejandro Alberto Salinas Martínez, Oscar Cantú Salinas, Adrián Alberto Sánchez Salazar, Hernán de la Garza Tamez, Raúl Enrique Morales Cadena, Jesús Miguel Gracia Riestra y José Luis Gutiérrez Aguirre así como, el licenciado Jaime Alberto Pérez Ávalos secretario general de Acuerdos.
Los otros.
Ahora bien, si de pagos se trata, los dueños de establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas que están en el supuesto del Artículo 81 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, es decir, que deben de contar con licencia vigente para sus actividades comerciales, disponen de una prorroga hasta el 31 de agosto para su liquidación.
Esto se hace al considerar que la micro, pequeña y mediana empresas son importantes para la economía del Estado y porque se asegurará que operen con la formalidad que prevé la Legislación Hacendaria, según lo señala el Acuerdo que firman el Gobernador de la Entidad, Francisco García Cabeza de Vaca, el secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos y la titular de la secretaría de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna.
Antes, muy antes, la renovación de la licencia de alcoholes debería hacerse en los tres primeros meses de cada año, después se amplió hasta el mes de junio, debido a las dificultades financieras de las empresas y ahora, debido a los efectos de la pandemia de COVID-19 en los negocios, dueños de las licencias tienen todo este mes para hacer los pagos que corresponden en las Oficinas Fiscales de la entidad.
Algo que deben de tener en cuenta quienes opten por el beneficio de la prorroga, es que, debieron de haber solicitado por escrito la expedición de la nueva licencia en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, además de que, deberán comprobar que cumplen con los requisitos del Artículo 25 de la Ley Reglamentaria para Establecimientos de Bebidas Alcohólicas, entre los cuales están, constancia de uso del suelo, de no antecedentes penales, sanitaria y la de no adeudos fiscales, inscripción al Registro de Contribuyentes, solicitud por escrito y ser mayor de edad.
Es lunes se espera gran movimiento en las oficinas gubernamentales, porque los empleados que no sean mayores de 60 años, se encuentren sanos y en el caso de las mujeres, que no estén embarazadas, estarán de nuevo en sus puestos trabajo, aunque, será la Secretaría de Administración del Gobierno de la entidad, en la cual despacha como titular Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, la que defina cómo será el retorno paulatino al trabajo de la burocracia estatal.
Ello porque el 17 de julio pasado, se generó un Acuerdo Gubernamental más en el cual se amplió el estado de emergencia por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad COVID-19 y se establecieron medidas de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura, por tanto, el plazo fue hasta el 31 de agosto.
En ese documento publicado en el Periódico Oficial del Estado, su Artículo Sexto señala que se instruye a las los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, a efecto de que las y los servidores públicos adscritos a sus cargos, sean reincorporados a sus labores de forma responsable y gradual a partir del tres de agosto y de conformidad a los protocolos que para tal efecto emitan de manera conjunta la Secretaría de Salud y la de Administración.
