Los “diablitos” y el robo de luz
RESEÑA POLÍTICA
Juan R. de la Sota
Los “diablitos” y el robo de luz
La Jurisdicción Sanitaria 12 de la Secretaría de Salud, renta un edificio en el municipio de Altamira y por morosidad y “pillería” de su propietario, le suspendieron la energía eléctrica, al detectar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que hacía uso de este servicio a través de “diablitos”.
Personal de la dependencia denunció que hace seis meses se cambiaron de domicilio por ubicarse en un peligroso sector y se instalaron en un recinto digno, pero desafortunadamente el inmueble no cuenta con el servicio legal de luz y se ha estado manteniendo mediante los famosos “diablitos, de cuya acción no es culpa de las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria, sino del dueño del edificio.
Conexiones de este tipo son consideradas un delito que se castiga con multa económica y hasta con cárcel y acusan como responsable de estos hechos al Administrador del edificio, Sergio Andrade.
Los empleados del sector salud laboran de manera incómoda y con cierto temor, ante la posibilidad de que se registre un corto circuito en el interior del inmueble, debido a que no se cuenta con equipo de seguridad para prevenir una situación de este tipo y combatir un posible incendio.
Luego del corte de luz, el personal para poder cumplir con sus obligaciones, utilizan lámparas de celulares y computadoras portátiles.
Los empleados afirman que su jefe les prometió que el problema se solucionaría, pero este no lo ha resuelto, ya que volvieron a instalar los “diablitos”, mismo que no se hace y consideran que la orden de continuar con el robo de energía eléctrica proviene de la administración.
Las oficinas establecidas sobre la calle Quintero, entre Mina y Guerrero, son arrendadas por parte de las autoridades de Salud a un particular, en donde se corre el latente peligro de que se presente un corto circuito y por consecuencia un incendio que podría provocar pérdidas materiales y humanas.
Este tipo de adversidades bloquean la buena marcha de las instituciones y no le sirven al Estado ni a los tamaulipecos, dado que no se brinda un servicio eficiente de salud a la población de de ese municipio.
El administrador y dueño del edificio podría enfrentar una denuncia penal por robo a la nación y ser citados por la Procuraduría General de la República, al hurtarse la energía eléctrica.
La Secretaría de Salud en Tamaulipas, debe exigir el servicio legal de luz, con el fin de que los trabajadores puedan realizar las actividades en beneficio de la salud de los tamaulipecos.
De no ser así, también debería denunciarle por rentar un inmueble sin el servicio de energía eléctrica, el cual es básico para el desempeño de sus responsabilidades y obligaciones.
Cambiando de tema, el Partido Revolucionario Institucional, ya dio a conocer la convocatoria para la selección de sus candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, el cual para el 14 de febrero tendrá elegidos a los contendientes que participar en las próximas elecciones.
Las bases del documento establecen que la selección de los 22 candidatos a un espacio en el Congreso del Estado, se realizará mediante el procedimiento de convención de delegados y la Comisión para la Postulación de candidaturas para el proceso electoral local 2018-2019.
Reitero, el 14 de febrero el PRI tendrá listos sus 22 candidatos y candidatas a igual número de distritos electorales de Tamaulipas.
El método de selección es un “dedazo” o una imposición, pues seguramente la votación para elegirlos será manipulada o influida por la dirigencia estatal priista.
El PRI se niega a practicar la auténtica democracia y privilegia la democracia simulada, como siempre lo ha hecho, lo cual sigue afectando la imagen del instituto político y restándole votos, cuyas prácticas lo llevarán al fracaso electoral en la mayoría de los distritos.
EL PRI, para ganarse la confianza del electorado debió dar la oportunidad a toda la población de elegir a sus candidatos, pues el sistema de imposición y “dedazo”, provocará que pierdan las elecciones.
En otro asunto, los presidentes municipales de la frontera no deberían intervenir en los conflictos laborales de las maquiladoras y permitir que sean los líderes y los inversionistas los que los resuelvan.
Por ejemplo, en Matamoros, acusan al alcalde Mario Alberto Pérez Hernández, de Morena, de involucrarse por debajo la mesa en los paros de labores de maquiladoras, para generar problemas y conflictos, lo cual es una acción negativa, pues provocaría la fuga de inversionistas y problemas a la entidad.
Los alcaldes de la frontera tienen que dedicarse a su chamba, a cumplir con su obligación de los asuntos del municipio, para resolver las demandas ciudadanas, no intervenir en conflictos laborales de maquiladores que le competen solucionarlos exclusivamente a los empresarios, los sindicatos y a las autoridades estatales del trabajo.
Si estallan las huelgas en maquiladoras de la frontera, seguramente muchos empresarios abandonarán el territorio tamaulipeco, al considerar no contar con garantías para operar y por los incrementos salariales que están demandando en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo.
Urge que las autoridades competentes intervengan y a los que no les competente estos asuntos, como a los alcaldes, dejen de intervenir, con el fin de que se dé una solución a los conflictos y así evitar la pérdida de miles de fuentes de trabajo. Es decir no politizar las demandas de los obreros.
El dato: La población ya no soporta los múltiples y sorprendentes aumentos a los precios de los productos de la canasta básica. El salario es muy bajo y no les alcanza para mal comer ni pagar los servicios públicos. Si hay protestas el Gobierno Federal, no se debe sorprender, pues nada ha hecho por ayudar a la gente, sobre todo a los pobres.
Correo: jrdelasota@hotmail.com
