Columnas

Los diputados y los popotes

RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

Los diputados y los popotes

Tamaulipas enfrenta diversos problemas y necesidades, a los que los diputados del Congreso Local, deberían dar prioridad para coadyuvar en resolverlos, no privilegiar reformas legislativas sin importancia, como la propuesta de modificación para que los comercios de alimentos y bebidas no promuevan el uso de popotes y agitadores de café.

Dichos legisladores está incurriendo en ridiculez, despreocupación, desinterés e irresponsabilidad para ayudar a solucionar las graves adversidades que padecen los tamaulipecos, como son, principalmente la inseguridad pública, la violencia, el desempleo, la pobreza y el fuerte gasto que hacen las familias para sobrevivir.

Los diputados andan bastante preocupados porque los comensales de restaurantes y otros comercios de alimentos ni utilicen popotes, porque según ellos, está comprobado que generan problemas de salud.

El Congreso Local  propuso la reforma al Código para el Desarrollo Sustentable del Estado, para que los mencionados comercios no promuevan el uso de popotes y agitadores de café, a menos de que el usuario así lo disponga.

Argumentan que los popotes sólo se utilizan unos minutos, pero su desintegración y contaminación del medio ambiente de este producto dura más de cien años.

Los legisladores no son precisos, contundentes, actúan vagos y con timidez, ya que si los popotes son un problema de salud pública deberían establecer en la acción legislativa de reforma su prohibición. Solo sugieren y obviamente que nadie les va a hacer caso, por eso, es una iniciativa que  no tiene importancia.

Deberían ponerse a chambear  en mejorar las condiciones de vida de los tamaulipecos, porque cada día que trascurre viven peores condiciones  económicas, alimenticias y de inseguridad.

Los diputados del Congreso de Tamaulipas, han reculado, incluso hasta se esconden y evaden abordar los asuntos de inseguridad y de impunidad que invaden al Estado, han evidenciado miedo para aprobar acciones legislativas que le regresen la paz y tranquilidad a los tamaulipecos.

Con prohibir el uso de popotes, no desquitan los más de 90 mil pesos que reciben de sueldo y los cientos de litros de gasolina que son autorizados para acciones de gestoría y que los usan para su vehículo particular cuando salen a vacacionar.

Es evidente que de parte de los legisladores no hay voluntad y disposición para trabajar en forma coordinada con la autoridad estatal, a ésta la están dejando sola, no brindan apoyo necesario al esfuerzo que está haciendo el Gobierno del Estado, para pacificar Tamaulipas.

Ningún diputado a alzado la mano en tribuna ni en reuniones de la diputación permanente para solicitar la unión de esfuerzos de todos los legisladores para cooperar, coadyuvar, ayudar o apoyar a la Administración Estatal en su trabajo de aplicar la ley a quienes la violan, así como para dedicar algo de su tiempo para respaldarla en su labor de impulsar la generación  de empleos y mejor seguridad pública.

En concreto el trabajo de los diputados del Congreso local es muy reducido a favor de Tamaulipas y su gente, por eso precisamente la sociedad no los conoce y porque se niegan a hacer un trabajo cercano al pueblo y a aprobar leyes de beneficio social.

Cambiando de tema, la regidora victorense del Partido Nueva Alianza, el partido de los maestros, Izcalli Anzures Silva,  cantinfleó y evidenció que no es ni de aquí ni de allá, al declarar que las cuotas escolares al inicio de cada ciclo es escolar son necesarias, pero no un condicionante para que los niños accedan a la educación.

Lo que debería saber esta improductiva representante popular es que los directores y comitivas de padres de familia corruptos, acuerdan exigir cuotas económicas a los padres de familia al momento de solicitar inscribir a sus hijos y si no las aportan les niegan el servicio.

Esta dama no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger los intereses del pueblo y pese a saber que el cobro de cuotas es ilegal, las fomenta y tolera.

El grupo de asaltantes y ladrones es integrado por el comité de padres de familia y los directores, entre quienes se reparte el botín. Los directores dan facultad, por cierto irregularmente, a los comités de padres de familia para que soliciten una aportación económica al momento del ingreso del niño a la escuela, dinero que según se destina obras de las instituciones educativas y lo cual es falso porque jamás invierten y las que se realizan son por parte de la SET.

Esta regidora es ignorante o se hace. Si lo ignora, debería saber que la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto autorizado por los legisladores locales  para ofrecer educación gratuita a los niños y rehabilitar la infraestructura educativa.

Debería saber también que los directores con la anuencia de padres de familia sinvergüenzas que intergas los comités, actúan de manera arbitraria e ilegal, al negar la educación a todos aquellos niños que sus padres no paguen la cuota económica exigida.

Ella bien que lo sabe, pero en la declaración actúo con irresponsabilidad, no quiso problemas con las autoridades educativas ni con los padres de familia corruptos y decidió seguir fomentando el cobro de cuotas ilegales, al decir que son necesarias.

Los ciudadanos no  necesitan a representantes populares como la regidora delo PANAL, que vayan a los cuerpos colegiados a fomentar y tolerar la corrupción, requieren de políticos que defiendan los intereses ciudadanos y ella en este caso, debió plantear la necesidad de ejercer vigilancia para que no se aplique dicho cobro y para evitar que este sea condicionante para brindar educación a los niños.

En todas las escuelas se aplican esos cobros ilegales y no hay autoridad que les ponga un alto, por lo que evidencian que algunas autoridades educativas, directores, padres de familia y hasta la misma regidora están involucrados en este sustancioso negocio que afecta la economía de las familias.

También deberían frenar la exigencia de largas listas de útiles escolares y de taquitos, gorditas, tamales, quesadillas, aguas frescas, flautas, platos, vasos y servilletas, porque la mayor parte de ese dinero se lo roban los directores y los corruptillos padres de familia.

En otro asunto, con un pie en la cárcel se encuentran el Alcalde de Jaumave, José Luis Gallardo Flores, su contralor y el director de obras públicas, al ser acusados por la primer síndico de ese Ayuntamiento, María Luisa de la Cruz Bocanegra, por el presunto desvío de más de tres millones de pesos.

La denuncia la presentó ante la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, de la  cual, seguramente, se le dará vista a la Fiscalía anticorrupción, con el fin de que estas representaciones sociales realicen las indagatorias necesarias y exijan la comprobación legal del gasto de ese dinero.

De la Cruz Bocanegra, fue obligada a firmar los documentos que avalan esos gastos, según afirma la regidora María Isabel López.

Entre las irregularidades destacan la existencia de cheques pagados por concepto de obras de agua potable, electrificación, entre otras que no existen.

Habitantes de ese municipio se presentaron ante el Congreso del Estado, para denunciar las presuntas irregularidades, afirmando que ahí están los cheques ya pagados, pero no existen las obras.

Señalaron que la síndico no estaba enterada de esas irregularidades, sólo le pedían que firmara los documentos y ahora teme se le finquen responsabilidades, lo que ha provocado un deterioro en su salud.

Es la segunda ocasión que los habitantes de Jaumave denuncian actos de corrupción del Alcalde José Luis Gallardo, quien hace tiempo también fue acusado de desviar recursos del erario público.

Las autoridades responsables de la fiscalización del uso y aplicación del dinero del pueblo, así como la Procuraduría de Justicia deberían investigar estas denuncias, para que de comprobarse actos ilegales, se aplique la ley al o los presuntos responsables, así como exigirles la devolución del dinero.

El dato: Luego de ganar miles de pesos por hacer muy poco trabajo,  a Jesús Eduardo Hernández Anguiano, lo invadió la crisis económica y anda en busca de dinero para pagar sus lujos, usos  y costumbres.

Después de vario tiempo de despedido decidió demandar laboralmente ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas al IETAM, para exigir diversas prestaciones laborales o la liquidación final por sus servicios prestados entre los años 2015 y 2017.

Eduardo Hernández está en su derecho de demandar. Algunos medios informan que Anguiano presentó su renuncia en el año 2017. La autoridad laboral decidirá si tiene o no razón en su petición.

Correo: jrdelasota@hotmail.com