Columnas

MÉXICO: DESABASTO DE COMBUSTIBLES Y VULNERABILIDAD DE LAS CIUDADES

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

MÉXICO: DESABASTO DE COMBUSTIBLES Y VULNERABILIDAD DE LAS CIUDADES

La vulnerabilidad debe ser entendida como el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, los daños, el sufrimiento y la muerte, en casos de desastre o siniestro. La vulnerabilidad se da en función de las condiciones físicas, económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e institucionales y se relaciona con la capacidad de un individuo o de una comunidad para enfrentar eventos peligrosos o dañinos específicos en un momento dado.

Hablar de vulnerabilidad es hablar de las grandes sociedades modernas del mundo. Pero en ocasiones, los gobiernos toman decisiones que incrementan la vulnerabilidad de sus ciudades, sin calificar éstas como buenas o malas. El hecho es que estas decisiones incrementan ese riesgo a enfrentar calamidades de los ciudadanos.

En las ciudades latinoamericanas, los desastres se originan en la confluencia de la amenaza natural y la vulnerabilidad urbana. Ambas determinan el riesgo. Una vez que ocurre un desastre, es necesario que las ciudades tengan capacidad de recuperarse lo más pronto posible para evitar mayores desastres, como epidemias más pérdidas económicas, y para ello es necesario que, por su planificación y funcionamiento, sean resilientes, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido o un accidente.

Los elementos que incrementan la vulnerabilidad son la pobreza, la ubicación geográfica en zonas sísmicas, la baja calidad de vida y las malas decisiones desde la cúspide del estado. Las catástrofes tienen efectos más destructores cuando las comunidades afectadas son menos educadas, menos preparadas, y más pobres, porque pierden en pocos segundos todo lo que tienen.

Para disminuir el riesgo de desastres es indispensable disminuir la vulnerabilidad. Para ello es necesario superar la exclusión mediante la capacitación, el empleo y el emprendimiento. Es necesario el conocimiento para conocer las amenazas y diseñar soluciones seguras, económicas y adaptadas a cada realidad; y la apropiación social del conocimiento para que la gente se organice socialmente y aplique ese conocimiento que salvará vidas y evitará pérdidas. Y es también fundamental el fortalecimiento de instituciones para que planifiquen, generen normas y procedimientos, y los apliquen.

Si se hacen dilatados y sostenidos esfuerzos de planificación, educación, fortalecimiento institucional y construcción de redes sociales, las consecuencias de las catástrofes serán menores, pero para ello es indispensable que el problema de la vivienda de los pobres, y su vulnerabilidad ante terremotos, sea adecuadamente comprendido por las instituciones y por los mismos habitantes de las ciudades.

México tiene características geográficas y sociales que lo colocan como uno de los países más vulnerables. Su localización entre dos océanos, y su latitud y relieves, lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes fenómenos naturales, por lo que se han diseñado organismos que apoyan la investigación, como el Centro Nacional de Prevención de Desastres o la Comisión Nacional del Agua, entre otras dependencias de gobierno, quienes han realizado estudios sobre las condiciones de peligro a los que ha estado sujeto México, ejemplo de estos trabajos son el Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México y el Atlas Digital del Agua, por mencionar sólo algunos.

Por otro lado, un factor determinante de la vulnerabilidad social en México, es la pobreza. De acuerdo a información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la mitad de la población en México vive en condición de pobreza. Se estima que 68% de la población ha sido alguna vez afectada por desastres, cifra que coincide con los grupos en situación de pobreza y extrema pobreza.

Los primero días de este 2019, el nuevo gobierno federal de México implementó un operativo para combatir el robo de combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos, lo que complicó fuertemente el abasto a las estaciones de servicio. Y como resultado de las protestas sociales y empresariales, PEMEX se vio obligado a rentar 3,400 pipas para repartir el producto, lo que sumado a los 1,600 vehículos propiedad de la empresa productiva del estado, da como resultado que cinco mil pipas estén circulando hoy por las carreteras y calles de las ciudades mexicanas, incrementando sensiblemente la vulnerabilidad de las ciudades mexicanas y el riesgo cotidiano sobre los ciudadanos, sus bienes y el entorno.

Desde luego, me parece que las intensiones presidenciales de acabar con el robo de combustibles son buenas y nadie las puede negar. Sin embargo, el como se está haciendo, los procedimientos y las estrategias realizadas, han dejado mucho que desear entre la sociedad mexicana, sobre todo en aquellas entidades en donde ha hecho crisis el desabasto de combustibles.

Este delito, el robo de combustibles, inflingen al estado mexicano pérdidas multimillonarias que, en 2017, alcanzaron los 60 mil millones de pesos, más dinero del que recibe Tamaulipas en un año, u otras entidades en México, por poner sólo un ejemplo, como recursos presupuestales. El origen de la crisis de la gasolina y el diésel en México no es la falta de productos, sino las dificultades para distribuirlo. Y en ello han coincidido empresarios y autoridades.

Por lo pronto el Gobierno de la Ciudad de México, anunció la noche de este domingo que los automóviles cargarán combustible una vez a la semana, el día que no circulan. Y entonces, nos preguntamos, ¿se acabó el hoy no circula? ¿los automovilistas podrán circular toda la semana con el argumento de que deberán cargar combustible el día que no circulan? ¿Entonces intercambiaremos el suministro de combustible por la contaminación ambiental? ¿Cargar una sola vez a la semana resolverá el problema de los ciudadanos? ¿Cerrarán todos los ductos al costo de incrementar sustancialmente la vulnerabilidad de las ciudades, incluyendo la Ciudad de México, con la distribución de combustibles por pipas? ¿No incrementarán estas medidas “encontradas” la corrupción con los agentes de tránsito?

Pero, por otra parte, si la versión dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el mega robo de combustibles alcanza los miles de millones de dólares al año, ¿por qué no hay carpetas de investigación abiertas al respecto? ¿por qué no hay funcionarios de PEMEX encarcelados? ¿por qué no se ha detenido a ningún funcionario de la Empresa Productiva del Estado? ¿Y por qué no interviene la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda? Porque 60 mil millones de pesos al año no pueden ser guardados debajo del colchón.

El Banco de México, afirmó que, si no se atiende a tiempo el problema del retraso en la distribución de gasolinas, se afectaría el crecimiento económico y la inflación. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, exigió soluciones al gobierno federal por el tema de la falta de combustible en el país, ya que quienes están pagando la problemática son los ciudadanos. Gustavo de Hoyos, líder de la confederación a nivel nacional, aseguró que sí hay desabasto en México, contrario a lo que dicen las autoridades todos los días.

Es, me parece tiempo de rectificar, en beneficio del país.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

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