Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Protocolo para violencia política contra ellas.

Luego de que, en las elecciones federales de hace tres años, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales hubo ocho entidades del país en las que se presentaron casos de violencia política de género, contra personas que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de partido, coordinadoras de campaña, colaboradoras o familiares de candidatas, para el proceso electoral federal en el que nos encontramos, se quiere que el protocolo para atender ese tipo de situaciones funcione al cien y se evite la violencia de género.

Incluso, se parte desde cero, es decir, justificar la necesidad de un protocolo, ya que, pese a que las reformas electorales, la interpretación judicial y el trabajo de las organizaciones de la sociedad dan de sí en cuánto al reconocimiento de los derechos electorales de las mujeres, hay cosas que las violentan y solo podrán evitarse con un abordaje puntual, que se describe en el protocolo.

Desde luego la violencia policía de ellas, atenta contra sus derechos de votar y ser electas para intervenir como candidatas, su participación en los escenarios políticos en calidad de militantes, aspirantes o como dirigentes de partidos políticos.

Además, se tiene nota de repercusiones en mujeres que llegaron a formar parte de los Consejos Distritales o Locales Electorales y quienes trabajan en la representación de los partidos políticos en las mesas directivas de casilla, por tanto, es lógica la existencia de un protocolo que les ayude a sobrellevar la situación, cuándo se trate de hacer valer sus derechos.

Ahora bien, que es la violencia política contra las mujeres, se trata de acciones y omisiones basadas en elementos de género que se presentan cuándo se ejercen los derechos político electorales, que tienen como objeto y resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos de ellas

Es claro que puede ocurrir en todos los ámbitos del escenario político y pude ser verbal, patrimonial, psicológica, física, sexual, simbólica y económica. Puede generarse desde personas o grupos de ellas que pertenezcan a partidos político, medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y compañeros de trabajo o de actividades políticas a las que se dedican las mujeres. Además, puede ejercerse la violencia política contra ellas a través de cualquier medio, hasta los de información electrónicos o escritos.

En el documento del protocolo que sirve para la identificación y caracterización de la violencia política contra ellas, se detalla en que consiste cada forma, es decir, desde la verbal hasta la económica y se basa en el Artículo seis, de la Ley Genera de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las entidades que, en el 2015 registraron casos de violencia política contra las mujeres fueron Tabasco, Chiapas, Estado de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Sonora y Baja California.

Ahora bien, cuáles son los derechos de las víctimas de este tipo de violencia que esperamos no ver en las elecciones locales y federales que se llevarán a cabo en la entidad, sencillo, atención médica y psicológica gratuita, integral y expedita, confidencialidad, defensa adecuada, reparación integral del daño sufrido, investigación con diligencia y acceso a los mecanismos de justicia para determinar las responsabilidades, otorgarles medidas de protección para evitar que el daño sea irreparable y recibir información y asesoramiento de forma gratuita.

Son nueve los puntos contenidos en el protocolo, aunque se agrega uno más, lo que le convierte en un decálogo, el primero de ellos es, escuchar a la víctima para establecer cuáles son las mejores medidas que se deben tomar.

El segundo es canalizar a la víctima para que sea atendida física y psicológicamente

de forma inmediata, después, asesorar a la víctima sobre los elementos que permitan tipificar la violencia de la que fue objeto y ubicar si existen otras víctimas

El quinto punto es solicitar que se realice un análisis de riesgo y se diseñe un plan de seguridad, el sexto es, dar aviso y contactar con las autoridades que estén en capacidad de atender el caso y el séptimo, otorgar las órdenes de protección y las medidas para evitar que los daños sean irreparables e interviene los ministerios públicos y los órganos jurisdiccionales.

Los puntos ocho y nueve se refieren a otorgar asesoría para que la víctima esté en condiciones de tomar una decisión respecto a las acciones jurídicas y contactar a la víctima con organizaciones y redes de apoyo.

El décimo punto, con el que se completa el decálogo, indica que las autoridades que reciban las denuncias de violencia política contra las mujeres, documenten en forma correcta los expedientes, para construir bases de datos, diagnósticos, estadísticas, zonas de riesgo y patrones que permitan atender de pe a pa el problema.

En la realidad, como que, en Tamaulipas no están dadas las condiciones para que haya violencia política contra las mujeres, sin embargo, uno nunca sabe, de manera que, tomar en cuenta que hay un protocolo para el abordaje es parte del conocimiento que debemos tener sobre la Legislación electoral, a fin de que, nada manche el proceso de reelección de Alcaldes y de definición vía el voto de los ciudadanos, para determinar quién será el próximo Presidente de la República, quienes los Senadores y quienes los Diputados Federales.

Es probable, que, quienes puedan echar mano del protocolo, sean las mujeres que aspiren a cargos de elección popular, por la vía independiente, sobre todo si su presencia significa un nivel de competencia alto para los candidatos de los partidos establecidos.

Observar aquello que acontezca en torno a ellas, será interesante en cualquier región de Tamaulipas y en otras entidades del país.

Creemos que, de esta forma se evitará lo exteriorizado en un informe de hace 10 años, sobre el acceso a la Justicia que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que potencializó su preocupación, debido a que, la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres quedan en la impunidad.

De ahí que proponga a los Gobiernos que mejoren la respuesta judicial para romper con la sospecha de que hay tolerancia y quizá hasta violencia política provocada para impedir el acceso de las mujeres a los cargos públicos.