Sorpresivas firmas
Tribuna
Cuatro entidades del norte del país forman parte de la Cuenca del Río Bravo o Río Grande: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
La primera, gobernada por el panista Javier Corral Jurado.
La segunda por el priista Miguel Angel Riquelme Solís.
La tercera por el independiente Jaime Rodríguez Calderón.
Y la cuarta, por el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Los tres últimos, junto a seis colegas más que integran la Alianza Federalista de Gobernadores, Martín Orozco Sandova, de Aguascalientes; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureles Conejo, de Michoacán; José Ignacio Peralta, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango; y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; se solidarizaron con Javier Corral Jurado.
Le patentizaron el apoyo de la Alianza Federalista en las diferencias que tienen productores agrícolas y autoridades estatales con el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional del Agua, en el manejo de la crisis del agua en esa entidad y los compromisos con Estados Unidos.
El documento se titula:
La Alianza Federalista respalda al Pueblo y Gobierno de Chihuahua en la Defensa del Agua.
Comprende siete párrafos en los que establecen un posicionamiento conjunto sobre el espinoso y polémico tema, del que siguen saliendo chispas, por cualquier lado que se vea.
Por considerarlo de interés, se transcribe textual, para que se valore en su justa dimensión.
Los gobernadores que integramos la Alianza Federalista respaldamos la lucha del pueblo y del Gobierno del Estado de Chihuahua en defensa del agua, así como el derecho a defender su libertad política y soberanía.
Nos llama la atención el tono y el desdén del Gobierno de la República, que se niega a escuchar y atender las propuestas y alternativas que para solucionar el conflicto han planteado de manera conjunta productores y gobierno estatal.
Exigimos al Gobierno de la República respeto a la soberanía del Estado de Chihuahua y a sus autoridades. Demandamos que apueste por el diálogo y la negociación con los productores y que cese su permanente descalificación de quienes defienden el agua de las presas de Chihuahua y han alzado la voz para expresar su desacuerdo.
Coincidimos en que México debe cumplir con los términos del Tratado Internacional de Aguas de 1944, lo cual debe realizarse acorde a la realidad actual y aprovechando todas las capacidades de almacenamiento del país, entre ellas, el manejo de las presas internacionales.
Históricamente, Chihuahua ha contribuido al pago del Tratado con una aportación de más del 50% de la cuota anual que se entrega. Sin embargo, el escenario de extrema sequía para Chihuahua, proyectado para los siguientes meses en el propio monitor de la Comisión Nacional del Agua, pone en peligro el riego del campo chihuahuense durante el siguiente ciclo agrícola.
La respuesta que ha dado el Presidente de la República esta semana en sus conferencias mañaneras, se centra en descalificaciones políticas a falta de argumentos técnicos, tratando de reducir el problema a una disputa de potentados, cuando en realidad el conflicto tiene una dimensión social muy amplia entre toda la población y, particularmente, entre miles de familias que dependen de los cultivos de la región, en su mayoría ejidatarios y pequeños productores.
Nos preocupa además que, en el fondo de la posición del Presidente de la República expresada hoy, hay una insistencia en estigmatizar y descalificar toda participación política, mientras no sea la de su propio partido, que reivindique o defienda derechos sociales. En los hechos, se pretende penalizar la pertenencia a un partido político.
Una coincidencia que expresamos es el combate al robo del agua en las diferentes cuencas del país, los aprovechamientos irregulares para regar superficies no autorizadas, pero recordamos que esta es una obligación y competencia directa de la Conagua, que en los dos años de esta administración federal no ha realizado ninguna acción para sancionar esas conductas.
Hasta aquí lo estipulado en el documento. Mismo que contiene al final los nombres de los mandatarios, arriba citados.
Si el asunto en cuestión, fuese de manera particular sobre un problema específico y exclusivo de Chihuahua, nada tendría de extraña la aparición de todas las rúbricas.
Sin embargo, como le comento al inicio de ésta colaboración, se trata de un asunto no solo de orden nacional, que atañe e impacta indirecta y directamente a otros estados norteños y al vecino país del norte, Estados Unidos de Norteamérica.
En la Cuenca del Río Bravo, están, le recuerdo, Chihuahua ( donde estalló el conflicto derivado de la retención de agua en las presas Las Vírgenes, El Granero y La Boquilla, que irrigan a los Distritos 05 y 90); Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Los aprovechamientos del agua, tanto para uso doméstico, industrial y agrícola se dan en las cuatro entidades.
De tal forma que la retención en las presas de Chihuahua, afectan de alguna forma a las otras tres entidades, especialmente a Tamaulipas.
Precisamente ayer, en el norte de la entidad se registró una movilización de parte de los 15 mil usuarios del Distrito 025, Bajo Río Bravo, que comprende 202 mil hectáreas, para exigir que se les tribute el agua para el ciclo otoño-invierno 2020-2021, que arranca en octubre próximo.
Y reniegan que la retención en la parte alta de la Cuenca del Bravo, en la presa La Boquilla, está afectando la productividad del distrito, que el año pasado redujo sus rendimientos entre 30 y 40 por ciento. Dañando seriamente la economía.
Por ello, extraña que aparezcan las firmas de los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y en especial el de Tamaulipas.
Seguramente en los próximos días se precisarán las razones y el sentido de las mismas.
Y que en Tamaulipas tenga sentido aquel enunciado….
«Nadie quiere más a esta tierra que nosotros mismos».
