Tribuna

Por Javier Terrazas

Tamaulipas chocolate

El problema de los vehículos “chocolates” como se denomina a las unidades motrices internadas ilegalmente al país de contrabando, es muy amplio.

Para darnos una idea de su alcance, uno de cada cuatro vehículos que circulan en Tamaulipas tiene ese origen.

Entraron, lógico, por alguna de las 17 aduanas de los puentes internacionales que existen a lo largo de los 10 municipios fronterizos de la entidad.

De acuerdo al registro del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año 2016 nuestro estado tenía registradas un millón 154 mil 222 unidades motrices legales.

Su distribución por tipo de unidades corresponden a automóviles 793mil 125 unidades;  camiones y camionetas de carga ocupan el segundo lugar con 335 mil 507.

Mientras que camiones de pasajeros circulan 5 mil 926 unidades por apenas 19 mil 664 motocicletas.

De acuerdo a las cifras de las propias autoridades estatales, del área de Finanzas, se estima que en la entidad circulan 400 mil vehículos internados ilegalmente al país, procedentes de Estados Unidos.

Esa regordeta cifra representa el 34.65 por ciento del padrón de vehículos legales que circulan en los 43 municipios de la entidad.

Lo anterior, deja en evidencia que en Programa de Importación Temporal con pago de derechos no contuvo la entrada ilegal de los automóviles.

Su contrabando, sigue siendo un negocio de los denominados “loteros”, pero también de una cadena de cobradores de cuotas adicionales que incluye a grupos delictivos, pero también a policías, agentes viales y de caminos.

Lo ideal para solucionar éste problema complejo, que tiene las aristas de la defraudación fiscal, la tolerancia estatal, la inseguridad, el transporte público deficiente, entre otros, es la nacionalización o regularización a través de un decreto.

Intentar una salida local para tener solamente un padrón y acceso a información de los dueños de las unidades por asuntos de seguridad, es solo un asunto interno del Estado

Habrá que ir más allá, retomar  los planteamientos que ya se han formulado a través de organizaciones como la Confederación Nacional Campesina ante la Cámara de Diputados y en la Secretarías de Hacienda y Economía.

Un asunto añejo que fue presentado por el ex dirigente cenecista Manuel Cota Jiménez, que se le quedó en el cajón a su relevo interino Rubén Escajeda.

En la reciente visita que hizo a la entidad el nuevo dirigente Ismael Hernández Deras,  le fue planteado con urgencia por dirigentes cenecistas de Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Río Bravo y Burgos, entre otros.

Tiempo pues de que el Senador por Durango muestre su oficio político, su cercanía con el Presidente Enrique Peña Nieto y le convenza de la necesidad de un decreto que regularice éstas unidades, que se calcula son alrededor de 5 millones en todo el país.

Hay gestiones en ese sentido también por parte de otras organizaciones como Unión Campesina Democrática y la Organismo Nacional  de Protección al Patrimonio Familiar.

Sin embargo, éstas se han dedicado más a lucrar con la venta de placas falsas,  de tal forma que les conviene más seguir de tolerados de manera indefinida.

La solución está en Los Pinos y la gestión en la CNC y el Congreso de la Unión. Una medida necesaria que incluso le daría un bono de salida a la imagen presidencial.

Y con efecto en las urnas.