Perdón: ¿reconciliarse con narcos o secuestradores?

Perdón: ¿reconciliarse con narcos o secuestradores?

TOMADO DE http://www.siempre.mx /  POR ARMANDO REYES

En entrevista con el diario Tabasco Hoy, el pasado 24 de enero, Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, aceptó a pregunta de Miguel Cantón Zetina, director del medio, que perdonará a Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, entre otros políticos y empresarios.

“Yo no odio a nadie y vamos a poder entendernos con todos, con las nuevas reglas, ¿cuáles son las nuevas reglas? Cero corrupción y cero impunidad y en adelante no se va a ver corrupción, impunidad, no va a haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en este caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas”, respondió el precandidato presidencial.

Previamente, a principios de diciembre de 2017, señaló que entre las opciones que tenía para alcanzar la paz en el país analizaba otorgar amnistía a líderes del narcotráfico.

“Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo”, dijo ante reporteros en Quechultenango, Guerrero.

Estos dos episodios de la precampaña introdujeron en el debate en medios el tema de si un mandatario federal puede otorgar desde dicha posición perdón o amnistía a personas condenadas por cometer algún delito o a quienes han sido señaladas de algún ilícito.

La realidad, lejos de declaraciones y respuestas de sus seguidores en redes sociales, es que tales propuestas están lejos de hacerse realidad en el supuesto que el abanderado de la alianza Morena-PT-PES gane las elecciones de julio de este año.

Siempre! consultó a José Elías Romero Apis, ex subprocurador de Justicia en el Distrito Federal y ex subprocurador de Averiguaciones Previas en la PGR, y a Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República en el sexenio anterior, quienes detallaron lo que implican, en el ámbito jurídico, el perdón y la amnistía.

Amnistía y reconciliación

Para José Elías Romero Apis, no hay duda de que el discurso de precampaña que habla de perdón encierra dos figuras jurídicas.

“En primer lugar debemos ver que  la palabra perdón —tal y como fue utilizada en el discurso— encierra dos figuras jurídicas, que pueden ser o la amnistía o el indulto. La amnistía es algo que solo puede proponer el Congreso, no el Ejecutivo, en los términos del artículo 73, fracción XXII de la Constitución, solo el Congreso tiene facultades para proponer la amnistía por delitos federales”, explicó en entrevista con este medio.

Al abundar en lo que en términos legales implica esta palabra, señaló que “el indulto es una facultad que tiene el presidente de la república derivado del artículo 89, fracción XIV; le concede la facultad de indultar a reos de delitos federales, pero lo limita a que este indulto se conceda conforme con lo que tienen establecidas las leyes y esto llevaría a ver que la ley que regula el indulto en materia federal es el Código Penal, el cual establece en su artículo 92 la posibilidad de la amnistía, y el artículo 97 establece la posibilidad del indulto por delitos políticos, no por otros delitos y hace una excepción por otros delitos siempre y cuando sea a personas que hayan aportado servicios importantes a la nación”.

Y es que, recordó el abogado, “el perdón es una palabra reservada a los ofendidos, en aquellos delitos en que se puede conceder, como los fraudes, robos no violentos, abusos de confianza, en los que el ofendido puede concederlo a quien cometió un delito y que normalmente se hace cuando ya se arreglaron con alguna forma de pago o una forma de reparación”.

Por lo anterior, al analizar lo que está detrás de lo que se puede considerar oferta a los ciudadanos, indicó que no sería posible para presuntos delincuentes en temas como narcotráfico y similares.

“Un indulto para delincuentes peligrosos como secuestradores, traficantes o violadores o secuestradores, no podría darse en los términos de las leyes que tenemos actualmente; es decir, no podría concederlo el presidente de la república porque no se trataría de delitos políticos, ni de personas que han brindado servicios con los que la nación esté agradecida y porque no se trata de personas que no ponen en riesgo la tranquilidad y la paz pública, sino todo lo contrario”, añadió.

De igual manera, agregó, “la amnistía no ha sido nunca la forma de llevar o incorporar la paz social en un Estado, más que tratándose de delitos políticos, es decir, como ejemplo, para los delitos cometidos en la Revolución que hubo o en algún movimiento, como en España con los delitos cometidos en la dictadura”.

Romero Apis fue enfático en señalar que la amnistía y la reconciliación son dos términos que están estrechamente vinculados.

“En un afán de reconciliación nacional se establece la amnistía. Para otros efectos, no he escuchado a ningún criminólogo que considere que la amnistía o el indulto sirven para reducir índices criminales, sino todo lo contrario, al parecer lo único que reduce estos índices es combatir la criminalidad y la impunidad, es decir, castigar verdaderamente el delito y no perdonarlo”.

Para el ex subprocurador, la vía es abatir la impunidad, no perdonar a los presuntos criminales.

“Tanto la amnistía es una forma disfrazada de impunidad, esta última no es solo no aplicar la ley, sino aplicarla de manera que no se aplique, es decir, recurrir a alguno de los recursos excepcionales que la ley le da a las autoridades o al Ejecutivo para conceder perdones o la no aplicación de sanciones por alguna razón de paz pública, porque se trata de una persona a la que la nación le debe algo o porque se trata de reconciliar a algún grupo social, no sé si en este caso —y sería importante conocer para valorar esta propuesta—, si lo que se pretende es reconciliar a la sociedad con los narcotraficantes o con los secuestradores”, concluyó José Elías Romero Apis.

No ha lugar

“Esto está en el contexto de declaraciones de un precandidato a la presidencia, y hay que entender que, si hablamos desde el punto de vista estrictamente penal, el ejercicio de la acción penal corresponde exclusivamente al ministerio público, ni siquiera al presidente de la república, entonces no ha lugar”, expresó respecto a la declaración del precandidato presidencial Jorge Alberto Lara Rivera.

El también exlegislador recordó que dicho personaje ha dado muestras de no conocer las leyes en el pasado.

“La amnistía es una ley y definitivamente pasa por el Congreso. Otras salidas alternas ni siquiera están previstas que sean responsabilidad del Ejecutivo, pues son atribuciones exclusivas del fiscal que por mandato constitucional tendrá que ser perfectamente autónomo. Ahora, sabemos que a López Obrador le estorban las autonomías, la rendición de cuentas, la división de poderes, eso ha quedado claro desde que fue jefe de gobierno”, indicó.

Lara Rivera explicó a este medio que hablar del perdón o de una amnistía, incluso como posibilidad de análisis, es algo que demuestra desconocimiento jurídico.

“Esto configura una expresión que da cuenta de una personalidad que, para empezar, jurídicamente se expresa de manera incorrecta y, segundo, se extralimita en las posibilidades que pueda significar el encargo. Ciertamente hay esquemas jurídicos en los que puede haber una legislación de amnistía o indulto, pero los indultos son para gente que ha sido condenada bajo ciertas circunstancias y condiciones, y la amnistía, pues recordemos que hubo en el marco del alzamiento zapatista una ley expedida por el Congreso, bajo las circunstancias que el propio Congreso dispuso”, agregó.

Para Jorge Lara Rivera, estas palabras más que motivar una reflexión, deben disparar las alertas por la posibilidad de que un posible titular del Ejecutivo federal pueda convertirse en alguien contrario a los intereses del país.

“Me parece que no se puede transigir en el hecho de que una persona haga este tipo de planteamientos, si se le quiere dar un sentido de corrección legal, de seriedad, de objetividad y de coherencia; si entramos en un escenario de propuestas disparatadas que nos dan señales de alerta de una personalidad que se ubica encima de la ley y de las propias instituciones, ya sabemos a quién estamos prefigurando y el electorado tiene que estar muy atento a que con esa misma vara que quiere medir, eventualmente medirá todas las acciones de la sociedad”, comentó.

Es por lo anterior que nuestro entrevistado planteó que lo necesario en el actual contexto de inseguridad pública es fortalecer a las instituciones, en especial avanzar en el camino de contar con una Fiscalía autónoma.

“A mí me parece que lo consecuente y necesario para este país, con los altísimos índices de impunidad y corrupción, es fortalecer a las instituciones y si estamos hablando de que lo conveniente es una fiscalía autónoma, que sea esta y su equipo de ministerios públicos quienes puedan conducir la política criminal. Lo que ya es un desiderátum constitucional es que la política criminal la debe desarrollar, en todo su potencial, el fiscal y la figura del ministerio público, no así quien pueda llegar a ser el titular del Ejecutivo”, dijo Lara Rivera.

Así, apuntó el ex subprocurador de la PGR, la Fiscalía es la mejor respuesta que se debe promover en la actualidad.

“La expresión de perdón o de amnistía, en este sentido, es —por decir lo menos— anticonstitucional, es antiética y es incongruente, además de contradictoria con el rumbo que todos los especialistas, académicos, organizaciones sociales están exigiendo para la Fiscalía, es decir, que sea el fiscal quien utilice todas las herramientas de política criminal para poder pacificar el país y acabar con la impunidad. No es función, ni deberá ser función del titular del Ejecutivo por más que esto le pueda sonar atractivo a cualquiera de los precandidatos y mucho menos a alguien que se siente iluminado”, concluyó nuestro entrevistado.

El perdón

Ofrecer perdón y perdonar son parte de procesos terapéuticos en la psicoterapia actual. Otras formas de concebirlo apuntan a una renuncia al resentimiento y a una futura intención de venganza. Etimológicamente, de acuerdo con algunas versiones, la palabra proviene del latín per —acción completa— y donare —regalar—, de lo que se desprende que es un acto de generosidad. Para la Iglesia católica es recurrente recordar las palabras de Jesús, “perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe (Lucas 11:4)”.

En el ámbito religioso, se considera que el perdón no significa aprobar la ofensa, actuar como si una persona no la hubiera cometido, permitir que los demás se aprovechen de uno, además de ser considerada esta práctica como algo recomendable, en lugar de guardar rencor o la venganza.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, perdón significa la “remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente”.

Pero es el término amnistía el que más polémica provoca en el campo jurídico. “La amnistía representa una negación del derecho, habida cuenta de que, con su utilización, la institución soberana se autoriza a hacer caso omiso de él”, apuntan Sandrine Lefranc y Horacio Pons en su libro Políticas del perdón.

Estos autores agregan que para “algunos filósofos, al tomar justamente en cuenta esta situación particular, destacan la incompatibilidad del perdón con cualquier orden jurídico”, y agregan, “no solo no hay orden del perdón; este, además, podría socavar cualquier orden”.

@AReyesVigueras