Refuta abogado constitucionalista a Monrreal.
El senador hace una interpretación sesgada de la Constitución .
Es responsabilidad solo del Congreso de Tamaulipas el dictamen de declarar procedente o no el retiro de la inmunidad procesal del mandatario del estado.
Ciudad Victoria, Tam.- El Congreso de Estado de Tamaulipas, mantiene su autonomía al obtener por ley la capacidad de decidir si se procede o no, el retiro del fuero al gobernador de la entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.
El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Burgos, desmintió las declaraciones hechas por el Senador Ricardo Monreal, quien afirmó que la cámara de diputados de Tamaulipas incurría en un desacato a la ley ya que la cámara federal representaba mayor autoridad y tendrían que obedecer obligatoriamente el fallo en contra del mandatario.
“Monreal es Doctor en derecho y él sabe perfectamente que este procedimiento le corresponde en última instancia al Congreso de Tamaulipas determinar, entonces eso, es una interpretación sesgada por parte de él, si estaríamos en una situación opuesta estaría diciendo lo contrario”, reveló el abogado constitucionalista.
En términos jurídicos, indicó que “la cámara de diputados solamente iba a poder estar declarando la procedencia en contra de los gobernadores, diputados locales y magistrados solamente para el efecto de que se comunique a las legislaturas de los estados para que estas procedan como corresponda como ejercicio de sus atribuciones, es decir, se deja claro que dentro de la exposición de motivos de esta reforma de 1982 que el Congreso de Tamaulipas es quien tiene la última palabra”.
El abogado constitucionalista y académico de la UNAM, Francisco Burgos, señaló que es un caso inédito ya que después de tanta controversia, la Fiscalía General de la República no ha judicializado las carpetas de investigación a un juez de carácter penal para que emita la orden de aprehensión.
“Es un caso inédito en la historia de nuestro país porque es el primero en contra de un gobernador de un estado, el caso del desafuero de López Obrador en el año 2005 era distinto porque él fue jefe de gobierno; El Congreso de Tamaulipas, tiene la última palabra”.
